[Escrito originalmente en inglés por Corey Dockser, traducción al español por María Aguirre.]
You can read the English version here.
A comienzos del mes, Greisy Mejia, una hondureña que vivía en EE.UU. sin permiso legal, visitó el centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en St. Albans con su hija de 9 años y su hijo pequeño para lo que le habían dicho que era un cita de rutina.
Al día siguiente, Mejia y sus hijos estaban en Honduras, deportados antes de que su abogado pudiera contactarla.
Catalina Londono, estudiante de leyes y practicante legal para el grupo de defensa de agricultores Migrant Justice, estaba ayudando a Mejia a aplicar a una solicitud de suspensión de expulsión– una orden temporal y discrecional que brinda protección contra la deportación.
“Estoy impactada”, dijo Londono, en inglés, al escuchar la noticia.“¿Cómo pasó todo esto en menos de 24 horas?”
La rapidez de la deportación de Mejia, las circunstancias bajo las cuales ICE la detuvo, y el hecho de que la agencia se concentre en la expulsión de una madre antes de que pudiera solicitar una suspensión de la expulsión, ha impactado a los miembros de la comunidad migrante de Vermont y a los que apoyan a Mejia.
Pero mientras su caso es excepcional de muchas maneras, es parte de una tendencia de una aplicación más estricta de inmigración en el estado, lo cual ha causado que surjan deportaciones en sus niveles más altos jamás registrados.
Deportada en 24 horas
Temprano por la mañana del martes, Mejia llegó al centro del Departamento de Seguridad Nacional en St. Albans con sus dos hijos y Londono.
Mejia tenía un chequeo programado a fines del mes, pero dijo que ICE le pidió que vaya antes e insistieron que llevara a sus dos hijos, con el motivo de asegurar de que aún estuvieran bajo su cuidado. La agente incluso planteó la idea de quitarle el monitor del tobillo y de reducir la frecuencia de las visitas si la cita iba bien, dijo Londono. La semana anterior, Mejia y Londono visitaron la estación para recoger fotocopias del pasaporte de Mejia para poder solicitar la suspensión de expulsión – una protección temporal contra la deportación otorgada bajo la discreción del ICE.
“Ya habíamos planeado preparar y presentar la suspensión de la deportación en nombre de Greisy porque sabíamos que existía la posibilidad de que sea detenida, y estábamos tratando de adelantarnos”, dijo Brett Stokes, supervisor de Londono y el abogado de Mejia, en inglés.
“Nos engañaron … antes de que tengamos la oportunidad de presentar la suspensión de expulsión”.
Todo empezó normal en la reunión. Londono dijo que Mejia presentó los documentos solicitados por ICE. Luego les dijeron que esperen que un supervisor realice un tipo de entrevista. El tipo de entrevista, el agente de ICE no pudo especificar. Entonces, esperaron, sin poder comer, por horas.
Eventualmente, Londono salió a actualizar a Migrant Justice y a Stokes, su abogado supervisor. Cuando regresó, Mejia y sus hijos ya no estaban; el guardia les dijo que se los habían llevado a entrevistar.
Pero no hubo entrevista, dijo Mejia.
“Los agentes solo esperaron que [Londono] se saliera y me metieron para adentro con mis hijos a una oficina. Me dijeron que iban a hablar conmigo y adentro, nadie habló conmigo. Solo me dijeron que estaba arrestada y que iba a ser deportada”, le dijo Mejia a Vermont Public.
“Yo les lloré. Les imploré. Yo no podía regresar a Honduras. Les dije que no importaba lo que pasara conmigo, que me mandaran a mí sola. Y los oficiales me dijeron que si yo seguía pidiendo que ellos se quedaran, los iban a mandar con padres adoptivos”.
Justo después de ser separada de sus hijos, tomaron las huellas digitales de Mejia y la fotografiaron. Luego, los tres fueron colocados en una carro negro y llevados al aeropuerto, donde sus zapatos, celulares y otras pertenencias, fueron confiscadas antes de ser ubicadas en un vuelo a San Antonio, Texas, dijo Mejia.
‘No te vayas a poner a llorar’
Dentro de la instalación en St. Albans, Londono se sentó en el vestíbulo por una hora, sin saber lo que estaba pasando al otro lado del edificio. Eventualmente, dijo, un agente de ICE le informó que después de la entrevista con Mejia — la cual Mejia dijo que no ocurrió — el supervisor decidió detener a la familia.
Londono le informó lo sucedido a Migrant Justice, y la organización rápidamente armó una manifestación afuera de la estación, con carteles y quejas en inglés y español. Stokes, quien estaba de vacaciones en el momento, manejó a St. Albans para tratar de hablar con Mejia.
Sin embargo, la manifestación duró poco, cuando se enteraron de que Mejia ya no estaba en la estación. Su ubicación era un misterio. ICE no le daba ningún tipo de información a Stokes sobre Mejia, incluso después de que él llenó un formulario que certificaba que era el abogado de Mejia.
Migrant Justice asumió que Mejia fue llevada a un centro de detención que retenía a niños, de los cuales no hay ninguno en Vermont. Planearon publicar la petición a la mañana siguiente, haciendo público el caso de Mejia, mientras Stokes planeaba presentar su suspensión de expulsión en Boston.
Sin saber que ya estaba en el proceso de salir del país, los que apoyaban a Mejia seguían con esperanzas de evitar su deportación.
“Si ICE está siguiendo sus procedimientos, no pueden deportarla inmediatamente”, Will Lambeck, un vocero para Migrant Justice, dijo en el momento, en inglés. “Incluso si es detenida, ella tiene el derecho legal de lo que se conoce como ‘verificación de temor razonable’ y no deberían deportarla sin brindarle esa verificación de temor razonable”.
Una verificación o entrevista de temor razonable es un proceso que permite que un inmigrante que enfrenta deportación, suspenda su expulsión si puede demostrar un temor razonable a sufrir tortura o persecución en su país.
Pero nadie supo de Mejia hasta las siete de la mañana del día siguiente. Después de llegar a San Antonio, dijo Mejia, ella y sus hijos fueron llevados a otro carro. Le rogó a una mujer vestida de civil, que Mejia creía que trabajaba con ICE o como oficial de policía, permiso para llamar a su pareja en Vermont.
“Entonces, ‘te voy a dar una llamada’, me dijo ella …‘No te vayas a poner a llorar, no le vayas a decir dónde estás … solo dile que vas para Honduras’”, dijo Mejia.
“Entonces llamé a mi [pareja] y le dije ‘voy para Honduras y no te puedo decir nada más … Manda a alguien a recogerme’. Eso fue todo lo que me dejaron decir”.
Más tarde ese día, Mejia llamó a Londono por primera vez desde que la detuvieron, confirmando la noticia. Ella, y sus hijos, estaban en Honduras.
La oficina local de ICE en Boston, que cubre Vermont, no respondió a múltiples correos y llamadas que solicitaban comentarios sobre el caso.
‘Como durante la administración Trump’
Mejia y sus hijos, enfrentando el crimen organizado en su país natal, viajaron a los EE.UU. en 2023 declarándose en estado de asilo en la frontera sur. Fueron deportados bajo un proceso llamado expulsión acelerada, el cual permite que un funcionario de inmigración de menor nivel ordene una deportación. Esto supuestamente le brinda a la persona la oportunidad de aplicar a asilo si tienen lo que el gobierno llama temor creíble a un peligro en su país natal, pero Mejia dijo que sus súplicas fueron ignoradas.
Esto no es raro, dijo Kathleen Bush-Joseph, una analista de política del Migration Policy Institute en Washington, D.C.
“Los migrantes reportan [expresiones de temor de ser ignorados] a menudo, y esto ha sido una gran preocupación para los defensores de inmigración actualmente”, dijo Bush-Joseph en inglés.
“Dicen que ha empeorado mucho porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza supuestamente no les brinda a las personas la oportunidad de ser referidas a una entrevista creíble cuando expresan miedo, y luego son deportadas mediante una expulsión acelerada”.
Ella regresó a los EE.UU. el año pasado, donde ella y sus hijos fueron secuestrados y retenidos de rescate, dijo Stokes. Pudieron contactarse con un oficial de la policía y escapar, y cuando fueron entregados a la Patrulla Fronteriza, fueron puestos bajo una orden de supervisión que requería que Mejia usara un monitor en el tobillo y se presentara al ICE. Se mudó a Vermont, donde vive su pareja.
El caso del secuestro de Mejia está siendo investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional, una sección separada de ICE a las Operaciones de Ejecución y Deportación, dijo Jill Martin Diaz, a cargo de la dirección ejecutiva del Vermont Asylum Assistance Project (Proyecto de asistencia de asilo de Vermont), quien también aporta con consejería en el caso de Mejia. El secuestro, y la participación de Mejia en la investigación, la hizo elegible para una visa T, una visa para víctimas del tráfico humano.
El hecho de que una división de ICE estaba trabajando con Mejia para procesar a los secuestradores y otra la deportó, es un ejemplo de cómo se destaca el caso de Mejia, dijo Diaz — el primero que elle recuerda en sus 10 años de carrera.
“Es una práctica extraña, porque es inconsistente con la propia política de la agencia”, dijo Diaz en inglés. “Francamente, es muy resonante a cómo era el estándar de práctica durante la administración Trump”.
Otra violación de la política de la agencia: ignorar la declaración de Mejia de su temor de regresar a su país natal.
El hecho de que fue deportada anteriormente significó que Mejia no era elegible para una entrevista de temor creíble, aunque originalmente no le dieron una. Pero ella era elegible para una entrevista de temor razonable, un proceso separado y más riguroso que no puede conceder asilo pero sí evitar la deportación.
Mejia dijo que ella claramente expresó temor de regresar a Honduras, incluso pidieron ser deportados a otros países cercanos, sin éxito.
Stokes y Londono dijeron que ellos seguirán trabajando con Mejia para obtener su visa T para que ella regrese y viva en el país como residente.
‘También son problemas de Vermont’
Mientras la aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal, los oficiales de primera línea tienen amplia discreción en qué casos trabajar. En el pasado, dijo Diaz, las oficinas del ICE en Vermont, donde empleaban a miembros de la comunidad con trayectoria, eran más amigables.
“Teníamos líneas de comunicación para poder relacionarnos respetuosamente, asegurando de que haya una mirada holística en cada caso”, dijo Diaz. “Para que no hubiera una sección tratando de deportar a alguien mientras otra sección intentaba investigar lo que sufrió, por ejemplo”.
Datos desde el 2003 muestran que las deportaciones en Vermont llegaron a niveles récord en los pasados dos años. Más de dos tercios de los que fueron expulsados no fueron condenados por ningún delito.
A nivel nacional, las deportaciones han regresado a los niveles pre-pandemia desde que finalizó el Título 42 en mayo 2023, dijo Bush-Joseph.
“Cuando la administración de Biden dejó de utilizar el Título 42, la medida sanitaria de la era de la pandemia, intensificaron la aplicación del Título 8, las leyes de inmigración normales de Estados Unidos, y con esto aumentaron las deportaciones”, dijo Bush-Joseph.
Diaz cree que la presión de la época de la pandemia vació las oficinas, y el personal temporal que llenó dichos roles, con poca o ninguna conexión a la comunidad, era más agresivo en cuanto al cumplimiento de ley. La esperanza de Diaz es que el personal permanente esté dispuesto a regresar a la época anterior de aplicación y expulsión.
ICE no respondió a la solicitud de comentario sobre los problemas con el personal, o el aumento en deportaciones.
Sin embargo, por ahora, están en alerta máxima para clientes que no esperarían que sean deportados en años anteriores. Para Mejia, si la ICE violó o no su política, no la va a regresar; su única esperanza es una visa T.
Según Stokes, el abogado de Mejia, la delegación del congreso de Vermont – los senadores Bernie Sanders y Peter Welch, y la congresista Becca Balint – están al tanto de su caso. Le está pidiendo a los que apoyan a Mejia, contactarlos a ellos y a los representantes estatales.
Stokes dijo que ellos no tienen el poder de brindarle las visas a Mejia y a sus hijos, pero pueden presionar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. para acelerar el proceso.
¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Escríbenos, o contacta directamente al reportero corey.dockser@vermontpublic.org.
