En las elecciones de 2024, en las que Donald Trump fue reelegido presidente de Estados Unidos, Nueva Inglaterra votó mayoritariamente en favor de los demócratas. Sin embargo, existen diferencias en la forma en que los estados están abordando sus políticas de inmigración.
En junio de 2025, el estado de Maine aprobó un proyecto de ley destinado a limitar la cooperación de las fuerzas del orden público estatales y locales con las autoridades federales de inmigración. Aunque inicialmente la gobernadora Janet Mills calificó el proyecto de ley como "excesivamente amplio y confuso", posponiendo su decisión hasta la siguiente sesión legislativa, en diciembre, anunció que permitiría que se convirtiera en ley sin su firma, argumentando que, aunque imperfecto, la medida representaría una forma de contrarrestar lo que ella llama "las acciones inaceptables de ICE".
Durante años, la legislación de Vermont ha exigido que todas las agencias de las fuerzas del orden público adopten una política "de vigilancia justa e imparcial", que, entre otras cosas, prohíbe a la policía de Vermont ejercer funciones de control migratorio civil. Según esta normativa, la política prohíbe a la policía estatal y local realizar preguntas sobre el estatus migratorio de una persona, a menos que sea pertinente para una investigación criminal. Asimismo, las autoridades del orden público de Vermont también están sujetas a limitaciones para compartir información personal con las autoridades federales, incluidos datos sensibles como direcciones físicas o números de placas vehiculares.
Aunque la administración Trump ha identificado a Vermont como un “estado santuario”, el gobernador Phil Scott ha rechazado tal designación, afirmando que el estado "no tiene ninguna ley ni política que impida la aplicación de la ley federal de inmigración".
En Massachusetts, el Tribunal Supremo de Justicia del estado dictaminó en 2017 que los agentes del orden público locales no tienen autoridad legal para arrestar, detener o retener a una persona basándose únicamente a una orden de retención civil federal de inmigración. Ciudades y municipalidades como Boston, Amherst, Cambridge, Chelsea, Concord, Newton, Northampton y Somerville han aprobado leyes locales que limitan la participación de sus departamentos de policía en la aplicación de las medidas migratorias civiles del gobierno federal. En septiembre, la administración Trump presentó una demanda contra la ciudad de Boston por su Ley de Confianza (Trust Act), por lo que Boston ha solicitado a un juez que desestime dicha demanda. De manera similar, las ciudades santuario han demandado a la administración Trump por amenazar con recortarles los fondos federales en represalia por su postura respecto a su colaboración en la aplicación de medidas migratorias civiles.
En el estado de Connecticut, la Ley de Confianza ha estado en vigor desde su aprobación por los legisladores en 2013. Esta normativa limita la forma en que las fuerzas del orden público locales y estatales interactúan con las autoridades de ICE al restringir el intercambio de información entre agencias, como el estatus migratorio de las personas. A principios de 2025, cuando el presidente Trump volvió a asumir el cargo, los defensores de la ley lanzaron una campaña para reforzarla. Los legisladores estaban considerando un proyecto de ley que impondría aún más límites a la comunicación entre las fuerzas del orden público de Connecticut y las autoridades de ICE. La iniciativa generó un intenso debate y dio lugar a reformas en la Ley de Confianza del estado en octubre, que extendieron dichas limitaciones para todos los empleados, tanto estatales como municipales, así como para los fiscales en casos criminales. A partir de ahora, los ciudadanos pueden demandar a las municipalidades y a los departamentos de policía de Connecticut por violar la Ley de Confianza, según la actualización más reciente de la ley.
En una sesión legislativa especial en noviembre, los legisladores de Connecticut aprobaron una ley que limita las detenciones migratorias en los juzgados si no se cuenta con una orden judicial firmada. La normativa también prohíbe a las autoridades de orden público cubrirse el rostro en los tribunales sin necesitarlo por motivos médicos. Esta medida surge a raíz del aumento de las detenciones realizadas por ICE en los alrededores de los tribunales de Connecticut, entre ellas un arresto que tuvo lugar dentro de la propia corte en Stamford.
En noviembre de 2025, el Concejo Municipal de Providence aprobó por unanimidad nuevas reformas de inmigración y fiscalización policial a la Ley de Relaciones Comunitarias, que restringen la capacidad de los agentes del Departamento de Policía de Providence para prestar su asistencia en la aplicación de las leyes migratorias federales. El Departamento de Seguridad Nacional federal también ha alegado que el estado de Rhode Island se está oponiendo a la política migratoria nacional.
El director ejecutivo de la ACLU en Rhode Island, Steven Brown, señaló en una entrevista con Rhode Island Current que la postura de la administración podría atribuirse a una orden judicial federal de 2014. Dicha orden, dictaminó que los agentes de la policía en Rhode Island no pueden retener a una persona bajo custodia basándose únicamente en una orden de detención emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por un periodo mayor de 48 horas. El Fiscal General del estado, Peter Nerona, también ha tomado parte en múltiples demandas interestatales contra las reformas migratorias de la administración.
Por el contrario, Nuevo Hampshire se aparta de la tendencia demócrata de la región y sigue los patrones legislativos de los estados republicanos del resto del país. En 2025, la Cámara de Representantes del estado, de mayoría republicanos, aprobó dos leyes que exigen a los departamentos de policía locales cooperar con las autoridades federales de inmigración. Estas medidas contaron con el firme respaldo de la gobernadora republicana Kelly Ayotte, ex fiscal general y con larga trayectoria de colaboración con las autoridades del orden público.
Nuevo Hampshire también formó parte de la ola de estados republicanos que aprobaron leyes para invalidar ciertas licencias de conducir expedidas en otros estados "exclusivamente a inmigrantes indocumentados que no pueden demostrar su presencia legal en los Estados Unidos en el momento de la expedición de las licencias". En la práctica, esto significa que la ley solo invalida estos tipos de licencias emitidas por los estados de Delaware y Connecticut.
Ayotte ha expresado abiertamente su apoyo a una aplicación más estricta de las medidas de inmigración.
"Somos el estado más seguro de la nación. Vamos a seguir siéndolo, y esto es un gran paso adelante", afirmó durante una ceremonia de firma de ley. "No habrá ciudades santuario en Nuevo Hampshire. Punto. Fin de la historia".
Periodistas de Maine Public, NHPR, Vermont Public, NEPM, WBUR, GBH, Connecticut Public e Ocean State Media contribuyeron a esta historia.
